El abogado en startups de investigación (deep tech)

¿Cómo puede ayudar un abogado a tu proyecto de startup de investigación?

Cada vez más proyectos científicos y tecnológicos dan el salto del laboratorio al mercado. Equipos de investigadores que han trabajado durante años en universidades o centros públicos deciden convertir sus resultados en una startup, normalmente tras recibir financiación pública para I+D o becas de organismos públicos. Este momento, ilusionante y decisivo, suele coincidir con una primera toma de conciencia: ya no basta con investigar, ahora hay que estructurar una empresa, pensar en socios, proteger la tecnología y empezar a operar como una organización profesional. Es precisamente aquí donde muchos fundadores buscan por primera vez un abogado mercantil.

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Del proyecto de investigación a la startup: el momento clave para estructurar la empresa

La mayoría de startups científicas nacen dentro de un entorno académico o institucional. Durante los primeros meses —e incluso años— el foco está en validar la tecnología, publicar resultados o justificar subvenciones. Sin embargo, cuando surge la posibilidad real de explotar comercialmente el proyecto, aparecen preguntas nuevas: quién será socio, qué porcentaje tendrá cada fundador, cómo se incorpora a la universidad o centro de investigación si hay transferencia de tecnología, y qué forma jurídica es la más adecuada. Este paso suele marcar el inicio de la profesionalización.

Uno de los errores más habituales es constituir una sociedad de forma rápida, sin reflexionar sobre el reparto del capital ni sobre las reglas internas. En proyectos de investigación esto es especialmente delicado, porque a menudo confluyen perfiles muy distintos: investigadores principales, doctorandos, perfiles de negocio y, en ocasiones, la propia institución pública. Si no se fijan desde el inicio criterios claros sobre dedicación, toma de decisiones o salida de socios, los conflictos aparecen cuando el proyecto empieza a crecer o entra inversión externa.

El abogado mercantil interviene precisamente en esta fase temprana para ordenar la estructura societaria, adaptar los estatutos a la realidad del proyecto y redactar pactos de socios que reflejen la aportación real de cada parte. Este trabajo previo es el que permite que la startup avance sin fricciones internas y con una imagen profesional frente a inversores, partners industriales o programas de aceleración.

Protección del conocimiento y cumplimiento de las condiciones de la financiación pública

En las startups basadas en investigación, el principal activo no suele ser la facturación, sino el conocimiento generado: un método, un compuesto, un algoritmo o una tecnología diferencial. Proteger correctamente estos resultados es esencial para que la empresa tenga valor. Esto implica regular de forma expresa la titularidad de la propiedad intelectual e industrial, especialmente cuando parte del trabajo se ha desarrollado bajo el paraguas de becas públicas o dentro de instituciones académicas.

Muchas ayudas a la investigación imponen obligaciones concretas sobre la explotación de resultados, la participación del organismo financiador o la comunicación de determinados hitos. No tener en cuenta estas condiciones puede derivar en problemas serios: desde la pérdida de la subvención hasta conflictos sobre quién es realmente dueño de la tecnología. Un asesoramiento jurídico especializado permite revisar estos convenios y adaptar la estructura de la startup para cumplir con la normativa sin frenar el crecimiento del proyecto.

Además, cuando entran en juego colaboradores externos, desarrolladores o personal contratado con cargo a la beca, es imprescindible que existan contratos que aseguren la cesión de derechos a favor de la sociedad. Sin estos documentos, el núcleo tecnológico de la startup puede quedar en manos de personas que ya no forman parte del equipo, lo que compromete futuras rondas de inversión o acuerdos comerciales.

Preparar la startup para inversión: socios, rondas y crecimiento

El paso siguiente a la constitución suele ser la búsqueda de financiación privada. En este punto, los proyectos de investigación se enfrentan a un entorno nuevo: business angels, fondos especializados en deep tech o corporate venture capital. Todos ellos analizan con lupa la estructura legal de la empresa antes de invertir. Un cap table desordenado, pactos inexistentes o dudas sobre la propiedad de la tecnología son motivos habituales para frenar una operación.

Por eso, es fundamental llegar a este momento con los deberes hechos. Tener bien definidos los derechos de los socios, los mecanismos de entrada y salida, y las reglas de dilución transmite seriedad y reduce el riesgo percibido por el inversor. En paralelo, conviene preparar la documentación legal de la empresa de forma que pueda superarse sin problemas una due diligence, algo especialmente relevante en startups científicas, donde los aspectos técnicos y regulatorios pesan tanto como los financieros.

El acompañamiento legal no termina con la primera ronda. A medida que la startup crece, surgen nuevas necesidades: contratación de personal clave, acuerdos con partners industriales, expansión internacional o planes de incentivos para atraer talento. Contar con un abogado que conozca el proyecto desde sus orígenes facilita enormemente estas decisiones, porque entiende el ADN de la empresa y puede anticipar los riesgos.

Recursos

En Morán Lobato Abogados hemos creado unos dcocumentos específicos que te permiten comprender el funcionamiento básico de una startup, así como los servicios ofrecidos por el despacho. Puedes revisarlos para facilitarte la toma de decisiones, y consultarnos sin ningún compromiso.

Conclusión: apoyo legal para startups de investigación en su fase de profesionalización

Transformar un proyecto de investigación financiado con becas públicas en una startup es un proceso complejo, que combina ciencia, emprendimiento y derecho. El momento en que los fundadores empiezan a hablar de socios, sociedades y explotación comercial marca un antes y un después. Actuar con previsión en esta etapa permite evitar conflictos internos, proteger el conocimiento generado y presentar una empresa sólida ante inversores y colaboradores.